La justicia en 2015: a ganar la credibilidad perdida.

Escándalos y mal funcionamiento

2014 fue uno de los peores años para la credibilidad de la administración de justicia en Colombia. Los escándalos que involucraron a algunos magistrados de las altas Cortes y un paro judicial injustificado afectaron gravemente la imagen que tienen los colombianos sobre la Rama Judicial.

Lo anterior vino a sumarse a la percepción negativa que ya se tenía de los jueces por problemas endémicos como la congestión, la morosidad, la mala calidad de sus decisiones y la poca efectividad de la Fiscalía General de la Nación para combatir el delito.

En la actualidad existe la percepción de que la administración de justicia colapsó y es incapaz de tramitar oportunamente los conflictos que los ciudadanos han decidido someter a las instancias judiciales, es decir, la demanda por justicia.

Esta percepción es especialmente fuerte respecto de la Fiscalía General de la Nación, la cual parece haber perdido la batalla contra los delitos que afectan al ciudadano común (robo de celulares, atraco callejero, robo de apartamentos, fleteo, extorsión, etc.). El discurso académico y la especulación teórica parecen haberse tomado los destinos del ente investigador en detrimento de sus funciones constitucionales y legales.

Lo mediático y lo cotidiano

Como sostiene Rodrigo Uprimny, la administración de justicia se mueve en dos escenarios: el de la justicia mediática y el de la justicia cotidiana:

-En cuanto a la primera, escándalos como el del presidente de la Corte Suprema, Luis Gabriel Miranda, involucrado en una típica situación de abuso del cargo muy propia de la cultura del “usted no sabe quién soy yo”; o el del exmagistrado Villarraga de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por la venta de fallos para dirimir conflictos de competencia, dañan seriamente la imagen de integridad que debe caracterizar a la administración de justicia.

Se dice que los jueces son como la sal de la Tierra en el Estado de Derecho, pues representan los estándares éticos que deben ser acatados por toda la sociedad. Estos escándalos poco o nada afectan al ciudadano en la prestación del servicio de justicia, pero sí hacen un daño profundo a la imagen de pulcritud que debe caracterizar esa rama del poder público.

-De otro lado, está el ámbito de la justicia cotidiana, el de la prestación del servicio propiamente, caracterizado por fenómenos como la congestión, la morosidad y el incumplimiento de los términos procesales, que sí afectan al ciudadano. Situaciones como la del paro judicial (motivado principalmente por un pulso de poder entre la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial -ASONAL Judicial- y otro sindicato) afectan gravemente la prestación del servicio.

La percepción generalizada sobre el colapso de la Rama, que muchas veces no corresponde con el trabajo honesto que realizan miles de jueces.

Cientos de trámites están represados en los juzgados civiles, laborales, administrativos o penales y en los tribunales de restitución de tierras, y cientos de solicitudes de legalización de capturas en los juzgados de garantías han sido aplazadas, con la consecuente liberación de los capturados.

Esta situación refuerza la percepción de inseguridad porque el ciudadano deduce que a pesar de la intervención de la Policía, los fiscales y jueces no hacen su parte. Esto también puede disminuir la eficacia de la función policial por la idea tantas veces expresada de “para que los capturamos si los fiscales y jueces los sueltan”.

El deterioro de la imagen de la justicia en 2014 se dio en ambos escenarios- el mediático y el cotidiano- y de aquí la percepción generalizada sobre el colapso de la Rama, que muchas veces no corresponde con el trabajo honesto que realizan miles de jueces, fiscales y funcionarios judiciales, y cientos de magistrados de tribunales y de altas Cortes. Esta imagen tampoco concuerda con los resultados que muestra el Consejo Superior de la Judicatura en sus informes al Congreso, donde da cuenta de un desempeño ejemplar en materia de descongestión y eficacia judicial, hay que decirlo, con cifras poco confiables y transparentes.

Tareas para 2015

La primera tarea para la administración de justicia en 2015 debe ser recuperar la credibilidad, lo cual supone, en primer lugar, un comportamiento ejemplar de los magistrados de las altas Cortes, de los tribunales y de los propios jueces. Además, se debe levantar el paro judicial y establecer un mecanismo de interlocución con el gobierno para atender los problemas de recursos que existen, pero sin que se afecte la prestación del servicio de justicia.

Por otra parte, en el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial deben definirse unos nuevos criterios de desempeño judicial, atados a indicadores concretos de rendimiento en cada una de las jurisdicciones, y en consonancia con la carga de trabajo y la demanda por justicia, que no es igual en las grandes ciudades que en las intermedias o en los municipios.

En este sentido habría que acelerar el proceso de descentralización previsto en la reforma a la ley estatutaria de administración de justicia para ciudades de más de cien mil habitantes, lo cual supone una inversión adicional en el presupuesto de la Rama Judicial.

Otro de los desafíos pendientes es la aplicación del Código General del Proceso y la consolidación de la oralidad en todas las jurisdicciones, para lo cual no solo se requieren más recursos para las salas de audiencia y los dispositivos electrónicos, sino también la capacitación de jueces y magistrados para que la oralidad sea oralidad y no “lecturabilidad” - como hoy sucede en la práctica-. Y a la par con eso, continuar con los planes de descongestión en todas las jurisdicciones, con funcionarios permanentes hasta lograr un equilibrio entre oferta y demanda, y la creación de una jurisdicción especializada para juicios ejecutivos que descongestionaría la justicia ordinaria en más de un 50%.

Estas renovaciones suponen también un cambio en el proceso de formación de los abogados, que hasta ahora sigue enfocada en la cultura del expediente y de la acumulación de papel. Es un hecho que el cambio tecnológico conduce inevitablemente hacia el expediente digital, pero nuestra administración de justicia parece no estar preparada para semejante reto tecnológico y cultural.

La Fiscalía General de la Nación debe mostrar mayor eficacia en la investigación de los delitos que afectan la seguridad ciudadana, y por eso sorprende que se hayan gastado tantos recursos en analistas y personal administrativo en lugar de reforzar la planta de fiscales y la del cuerpo técnico de investigación.

El tránsito hacia una justicia restaurativa, discurso que defiende el fiscal Montealegre, según el cual, la cárcel no debe ser el fin último de la acción penal, debe hacerse gradualmente y en el marco de la política criminal definida por el Consejo Superior de Política Criminal. Un fiscal con agenda propia (en lo político y en lo judicial) no contribuye a restablecer la credibilidad en la justicia, y lo cierto es que dado el diseño institucional, la Fiscalía es una rueda suelta del sistema y desarticulada de las políticas de seguridad y convivencia.

Los muchos desafíos

Pero también hay grandes desafíos para el gobierno. Se trata de entender la administración de justicia como un sistema, donde la protección jurídica del ciudadano se da en distintos ámbitos, incluida la tutela judicial. La defensa del principio de autonomía e independencia de la rama judicial debe ser compatible con el hecho de que el gobierno también tiene responsabilidad en la definición de las políticas judiciales, y por eso, estas no pueden dejarse sólo a los jueces.

En ese orden de ideas, instituciones como las inspecciones de trabajo en su función de solución de conflictos, y las comisarías y defensorías de familia deben ser dotadas de mayores facultades y recursos para que presten una mejor función como complemento a la justicia laboral y de familia.

Igualmente, existen instituciones claves para la seguridad ciudadana que han sido dejadas a su suerte o se han visto afectadas por la precariedad de los gobiernos locales, como lo son las inspecciones de Policía o las Casas de Justicia, las cuales deben ser replanteadas como verdaderos centros multi-agenciales de oferta de justicia cercana a los ciudadanos, en lugar de ser oficinas de recepción de trámites.

La primera tarea para la administración de justicia en 2015 debe ser recuperar la credibilidad.

Hay que replantear todo lo relacionado con la jurisdicción de paz y la conciliación en equidad, que es una buena idea mal implementada y muy poco usada por los ciudadanos, como lo estableció la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas. En un escenario de posconflicto, una jurisdicción de paz vigorosa y efectiva puede ser un recurso importante para restablecer la convivencia, pero como complemento y no como sustituto de la administración de justicia formal.

También hay retos para la academia, los centros de pensamiento, los medios de comunicación y la sociedad civil organizada, que deben mejorar el monitoreo y estimular la rendición de cuentas de la Rama Judicial, así como exigir que se cree un sistema de estadísticas judiciales autónomo e independiente porque el actual no garantiza la confiabilidad de las cifras de la justicia, lo cual impide tomar buenas decisiones de política.

Todo esto se da en un escenario de incertidumbre, porque de llegarse a aprobar la reforma a la justicia dentro del proyecto de Acto Legislativo sobre “equilibrio de poderes” habrá un nuevo diseño institucional, cuya implementación vendría a sumarse a los retos anteriores. En este caso, muchas de las cosas que deben hacerse en el corto plazo y que deben quedar fijadas en el Plan Sectorial de Desarrollo, tendrían que aplazarse al menos un par de años, lo cual podría agravar la crisis de funcionamiento y de credibilidad.

Ante este panorama tan complejo urge pues una reforma de la administración de justicia que vaya más allá de atender la coyuntura política y nos presente una solución integral a sus problemas endémicos. Paradójicamente, una reforma mal configurada como la que se tramita en el Congreso, puede llevar a la justicia al colapso total con resultados que comprometerían la credibilidad y legitimidad no sólo de la propia administración de justicia sino también del régimen político en su conjunto.

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